Apuntes críticos sobre el juicio y su racionalidad. (Prolegómenos para una investigación)

domingo 10 de mayo de 2009

Una de las características más prominentes de la reflexión iusfilosófica contemporánea es el retorno a lo que podría considerarse la instancia jurídica por antonomasia: la actividad judicial. La atención especialísima que a este tema dedica la filosofía jurídica contemporánea por un lado pone fin a una fuerte tendencia hacia la degeneración de ésta disciplina en filosofía de la ley y, por otro lado, vuelve a plantear la posibilidad de abordar el fenómeno jurídico desde la perspectiva formal que le es propia, es decir, desde la perspectiva de la justicia. En efecto, si la misión del juez consiste primordialmente en dar a cada uno lo suyo, la valoración de su actividad tendrá como criterio fundamental la correspondencia del fallo y de la argumentación judicial con el fin otorgar y prescribir lo justo. Lo anterior no quiere decir que la cuestión de la justicia agote totalidad de los aspectos que de un modo u otro están involucrados en la decisión judicial (cuestiones lógicas, técnicas, políticas…) sino simplemente que ésta perspectiva actúa como directriz desde la cual se han de abordar los otros factores mencionados.

Ciertamente, no toda la filosofía jurídica coincide en la apreciación de la decisión judicial como el escenario propio de una labor prudencial encaminada a dar a cada uno lo suyo en los casos concretos. De hecho, el reconocimiento casi unánime del rol protagónico del juez en la creación y aplicación del derecho contrasta con la falta de acuerdo teórico sobre la naturaleza de ésta actividad y las reglas a las cuales se somete. De modo muy general, y aceptando el riesgo de caer en simplificaciones excesivas, las múltiples visiones sobre oficio del juez pueden clasificar en dos grandes grupos: por un lado, es posible encontrar teorías que, partiendo de una constatación empírica del modo en que efectivamente fallan los jueces y haciendo énfasis en la existencia de factores de índole afectiva, cultural, social o política que de hecho suelen ser causa de las decisiones judiciales concretas, impugnan el dogma racionalista según el cual el juez es un ser neutral que procede en virtud de motivaciones asépticas y racionales. Al lado de éstas posturas, está la de un buen sector de la doctrina que reconoce la racionalidad del derecho, bien sea mediante la afirmación simple de que el juez falla ateniéndose exclusivamente a la ley, mediante la formulación exigencias formales de racionalidad y el establecimiento procedimiento dialógicos o reglas de justificación sin un sustrato de juridicidad material que cualifique al razonamiento, o mediante la afirmación más compleja de que el juicio es un acto de la razón práctica que ha de regirse por la prudencia jurídica.

 Ahora bien, por insólito que parezca, las perspectivas que se han bosquejado hasta el momento, como visiones dominantes sobre el oficio del juez, si bien no pueden aceptarse simultáneamente en su integridad, resultan complementarias entre sí. En efecto, parece ser que el único modo de comprender adecuadamente actividad racional y sus exigencias, es reconocer que ésta inexorablemente ha de ser realizada por un sujeto con historia, afectos y circunstancias propias, es decir, que dada la imposibilidad de separar en la realidad al proceso cognoscitivo del sujeto cognoscente, es imperiosa la consideración de la racionalidad como una “racionalidad encarnada” y no como una entidad etérea, atemporal e inalterable. En este sentido, la idea del juez aséptico e impasible, que muchos han planteado como ideal a alcanzar, y la concepción del razonamiento judicial como una fría y mecánica operación, sometida únicamente a reglas de corrección formal, no pueden considerarse más que ficciones:  vanas utopías que no pueden explicar su objeto ni aportar soluciones al mundo real. Por lo tanto, una consideración de la actividad judicial que prescinda de los elementos irracionales que de hecho se dan en el juicio, conduce únicamente a una injustificada escisión entre la teoría y la realidad, y consecuentemente, a la perversión misma de la reflexión teórica, que no tiene como fin la construcción de sólidos pero ficticios edificios intelectuales, sino captar la realidad como ésta es.

 Por otra parte, el mero reconocimiento del hecho de que en el juicio pueden llegar a intervenir – como efectivamente intervienen- elementos de índole afectiva, volitiva, circunstancial, o más genéricamente, “irracionales”, no es, de suyo, suficiente para la comprensión adecuada de la naturaleza del acto judicial ni de las exigencias que de ella se derivan. Aparte de su ineptitud para esclarecer los aspectos fundamentales de la decisión judicial, la constatación acrítica de la existencia de instancias de irracionalidad en el juicio puede degenerar en la elevación de tales elementos a la categoría de máximos rectores de la actividad judicial y a la consecuente legitimación de la arbitrariedad judicial (mediante vías argumentativas claramente identificables como expresiones de la falacia naturalista) o, al menos, a una actitud fatalista e indiferente ante la injusticia producida desde los estrados. Dicho sea de paso que los extremos antes referidos suponen la adopción de una concepción antropológica que niega la libertad, o al menos la capacidad de la razón para dirigir los afectos y la voluntad hacia fines objetivos.

 Frente a estos planteamientos de la actividad judicial como algo más propio de ángeles o de bestias que de seres humanos, la visión del juicio como acto prudencial parece ofrecer una explicación antropológicamente más plausible, por cuanto reconoce la presencia de instancias no racionales en la actividad del juez, que empero, están subordinadas al imperio de la razón y encausadas por ésta hacia la consecución de un fin exigido por la naturaleza de la persona y de las relaciones sociales. Desde esta perspectiva, la figura del juez justo deja de entenderse como una razón que juzga a pesar de los afectos y de la voluntad, para entenderse como un hombre bueno que tiende hacia el un fin justo con todo su ser. Se trata por lo tanto de una visión del juicio como actividad racional pero no exclusivamente racional, que por lo tanto, requiere no sólo la rectitud de la potencia intelectual sino también la recta disposición de la voluntad y de los afectos del agente del juicio.

 Y es que, en efecto, según el planteamiento prudencial, el juicio aparece como un acto de la razón práctica rectificada por una virtud, “formalmente intelectual, pero materialmente moral. Es decir, que si bien radica en la inteligencia, su objeto de conocimiento son los actos de la sensibilidad, y en el caso de la justicia, de la voluntad”[2]. La antedicha relación necesaria entre la prudencia y demás virtudes morales como la fortaleza, la justicia o la templanza, ha sido bellamente señalada por Santo Tomás de Aquino cuando advierte que “para que haya un juicio recto se requieren dos condiciones, de las cuales una es la virtud misma que profiere el juicio y en este sentido el juicio es acto de razón. La otra es la disposición del que juzga y que le hace idóneo para juzgar rectamente; y así, en lo que pertenece a la justicia, el juicio procede de la justicia, como en lo concerniente a la fortaleza procede de ésta. Así pues, el juicio es acto de justicia, en tanto que ésta inclina a juzgar rectamente, y de prudencia, en cuanto esta virtud pronuncia el juicio”.[3]

 Como se puede ver, la referida visión del juicio como acto prudencial es la más exigente y a la vez la más compleja de todas y, tal vez, por esta razón pueda generar resistencias entre quienes han adoptado como dogma la afirmación de que todos los aspectos morales son esencialmente irracionales y, por lo tanto, deben estar excluidos del ámbito de lo jurídico. Aparte de lo anterior, al hacer de una virtud –intelectual y moral al mismo tiempo- la categoría determinante del conocimiento jurídico, el planteamiento prudencial del oficio del jurista obliga a volver la vista sobre los estrechos vínculos que existen entre la ética y la gnoseología jurídica, a veces tan olvidados por las modernas teorías sobre el razonamiento propio del derecho.

 Además de lo anteriormente dicho sobre la necesidad de acompañar la prudencia jurídica de otras virtudes morales que hagan posible el juicio, de la concepción del juicio como acto prudencial se desprende la necesidad de poner un especial acento en el caso concreto y en el modo mediante el cual, de un precepto general –la ley- en el cual el derecho aparece escasamente como proyecto, se llega a un precepto particular que señala – sin serlo- lo suyo de cada cual en las circunstancias particulares. Este “paso” del proyecto general de derecho, contenido en un precepto general, al caso particular no puede ser darse de cualquier manera, ni puede entenderse sometido únicamente a reglas formales de argumentación que garantizan la “coherencia del pensamiento consigo mismo” ya que de la misma definición del juicio como el acto más propio de la prudencia jurídica se deduce que el su fin ha de estar radicado en la verdad práctica, es decir, el bien de la acción.El juicio por lo tanto debe estar sometido a criterios objetivos, que permitan establecer auténticos juicios de veracidad o falsedad y no sólo de coherencia lógica entre las premisas.

 Pero, ¿cuáles son dichos criterios?. Un sector del iusnaturalismo, en este caso, anglosajón. sostiene que el razonamiento jurídico puede hallar parámetros objetivos de veracidad en los primeros principios de la razón práctica. Estos principios evidentes –per se nota- y per se normativos, que en términos clásicos vendrían a equivaler a la ley natural, señalan de modo muy genérico los bienes humanos básicos que, mediante un proceso de concreción, constituirán la deuda específica en cada caso particular.A pesar de que esta respuesta es suficiente para dar cuenta de algunos problemas jurídicos, parece ser que el recurso a tales principios por sí mismo es insuficiente puesto que, como bien lo advierten los mismos autores que sostienen esta postura, los primeros principios del razonamiento jurídico son generalísimos y requieren de concreción. El paso de la prescripción normativa general al precepto particular que señala el derecho en el caso concreto es siempre problemático puesto que en el fondo supone un paso del orden de lo normativo al orden de lo real. Sin desestimar los demás criterios de concreción como la apelación al parecer del phrónimos, parece ser que la solución más radical y fundamental para dar este “salto” es acudir al sustrato de realidad al que hacen referencia tales primeros principios, es decir, volver a la ontología[4] . No hay que olvidar que los preceptos de la ley natural, no son ideas a priori misteriosamente insertas en el entendimiento humano y carentes de sustento alguno en la realidad, sino que, muy por el contrario, son participación de la ley eterna, es decir, de un orden que rige todo cuanto existe, en su estructura y movimiento.

 De lo dicho hasta el momento se puede concluir que el planteamiento prudencial del oficio del juez, que es el jurista por antonomasia, es el que ofrece un panorama más rico y complejo por cuanto en él se puede apreciar la íntima conexión que hay entre el ser, la verdad y el bien, en la vida social.[1]

 Cfr: OLLERO, Andrés. Interpretación del derecho y Positivismo Legalista. Editorial Revista de derecho Privado, Editoriales de derecho reunidas (EDERSA). Madrid 1983. en el capítulo ““hermenéutica jurídica y ontología en Santo Tomás de Aquino”.[2] MASSINI, Carlos Ignacio. “La Prudencia Jurídica: introducción a una gnoseología del derecho. Abeledo –Perrot. Buenos Aires. 1983.[3]Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica. II-II q 60 art 1 ad 1.[4] Aunque no lo afirma explícitamente, John Finnis reconoce esta necesidad cuando plantea que al personal flourishment –que no es otra cosa que la adecuación a los fines de la naturaleza humana- como criterio de concreción de los bienes humanos básicos).

 

 

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